Seguridad · 14 de octubre de 2026
Policiía amplía equipo de investigación a 43 agentes por cadena de hacking financiero
Las autoridades policiales han ampliado su equipo de investigación a 43 agentes tras una serie de incidentes de hacking y filtración de datos en el sector financiero. Según la policía nacional, la indagación preliminar comenzó el 1 de octubre tras la publicación de las noticias sobre el hacking financiero. Cinco días después, se formó un equipo de investigación dedicado bajo la División de Ciberterrorismo de la Policía Nacional, y el 6 de octubre se registró formalmente la causa por violación de la ley de redes de información y comunicaciones.
El equipo inicial estaba compuesto por 28 personas bajo la dirección del jefe de la Oficina de Respuesta a Ciberterrorismo. Posteriormente, el 7 de octubre se incorporaron 15 profesionales adicionales especializados en peritaje digital y cooperación internacional, llevando el total a 43 investigadores. La policía ha indicado que está obteniendo registros de conexión de las instituciones financieras afectadas y analizando los sistemas comprometidos y los vectores de ataque.
Asimismo, se está estableciendo un sistema de cooperación con organismos como la Fundación de Seguridad Financiera, y se está llevando a cabo una cooperación internacional para bloquear los servidores de ataque. El aspecto central de esta investigación es determinar la conexión entre los ataques ocurridos en múltiples instituciones financieras y establecer el camino real de invasión. Es necesario analizar los servidores, cuentas y registros de acceso utilizados en los ataques para confirmar si corresponden a la misma entidad atacante y para precisar el alcance y el método de filtración de información personal.
Un factor crítico es que, a medida que pasa el tiempo, los registros de acceso a los servidores pueden borrarse o cubrirse con nuevos datos, por lo que el aseguramiento temprano de pruebas es esencial. Dado que la policía ya ha señalado haber obtenido materiales durante la fase de indagación, se espera que el alcance de dichas pruebas y los resultados para rastrear al responsable sean determinantes en las fases posteriores de la investigación.
Asimismo, se encuentra en deliberación la cuestión de si notificar a la Oficina de Investigación de Crímenes Graves (Central Investigation Department). Según la normativa vigente, ciertos delitos de hacking contra instalaciones críticas del país o sistemas financieros electrónicos pueden estar incluidos en el ámbito de notificación de esa oficina. Aunque la policía ha determinado que las instituciones financieras afectadas no califican como instalaciones críticas del país, considera que es necesario un análisis adicional para confirmar si los sistemas de ataque realmente se ajustan a la definición de sistemas financieros electrónicos según la ley de transacciones electrónicas.
Al respecto, la policía ha solicitado a la Comisión de Valores y Cambio una interpretación jurídica sobre el carácter legal de esos sistemas. Existe la preocupación de que el proceso de decisión sobre la notificación pueda retrasar la investigación. No obstante, la policía sostiene que, hasta que el caso sea transferido, continuará llevando a cabo la indagación, por lo que no surgirá un vacío en la investigación ni se transferirá la responsabilidad entre instituciones.
Sin embargo, dado que los ciberataques requieren una rápida preservación de pruebas y rastreo del atacante, diversos sectores señalan que es necesario establecer un sistema de cooperación concreto para que el procedimiento de determinación de competencia no afecte la respuesta en el terreno.
Este incidente de cadena de hacking financiero se perfila como un caso clave para evaluar no solo la capacidad de investigación profesional de la policía, sino también su habilidad para procesar ciberdelitos a gran escala de manera rápida y eficiente bajo el nuevo sistema de justicia penal.